La pantalla del “fraude” y el verdadero objetivo: desarmar el sistema de discapacidad

La reciente presentación del proyecto denominado Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez llegó envuelta en un discurso que promete “ordenar”, “transparentar” y “poner fin a los abusos”. Sin embargo, detrás de ese título atractivo para el sentido común aparece un problema mayor: la construcción de un diagnóstico basado en premisas falsas y la utilización de un tema extremadamente sensible para avanzar sobre transformaciones estructurales que pueden poner en riesgo la vida de millones de personas con discapacidad.

Uno de los argumentos más repetidos es el del “crecimiento exponencial” de las pensiones. Lo que no se dice es que durante años existió un cupo administrativo, no un límite basado en criterios técnicos. No se otorgaban más pensiones no porque no correspondieran, sino porque la decisión política era no entregarlas. La consecuencia fue brutal: personas que cumplían con todos los requisitos morían esperando. Cuando finalmente se decidió reconocer derechos en lugar de administrar listas de espera, los números crecieron porque se reparó una injusticia, no porque hubiera un fraude masivo.

Tampoco es cierto que el Estado carezca de herramientas para auditar. Las tuvo siempre. Lo que no existió fue voluntad de utilizarlas de manera seria, caso por caso, con equipos profesionales. Lo que sí existió, en cambio, fue la tentación permanente de resolver todo con una planilla de Excel y un recorte lineal. Presentar ahora la auditoría como una novedad es, como mínimo, engañoso.

Pero el punto más grave del proyecto no está en su título ni en su diagnóstico. Está en lo que no se dice: la intención de avanzar sobre el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas, la columna vertebral del sistema de atención a la discapacidad en Argentina. Al eliminar su carácter universal y dejarlo librado a la decisión de cada financiador, se introduce una lógica de mercado en un ámbito donde esa lógica no puede funcionar sin producir daño.

Si el sistema ya está en crisis, fragmentarlo es decretar su muerte. Significa que cada obra social, cada prepaga y cada provincia podrá pagar —o no pagar— lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Significa miles de profesionales sin trabajo. Significa millones de personas con discapacidad sin terapias, sin apoyos, sin transporte, sin acompañamiento, sin inclusión. Significa volver a recluir a la gente en sus casas, condenarla al aislamiento, a la dependencia absoluta, a la falta de atención. Significa, en términos concretos, poner vidas en riesgo.

La crueldad como política pública no puede naturalizarse.

Durante 2025, la agenda de discapacidad logró algo inédito en la democracia argentina: superar todas las barreras institucionales. Una ley de emergencia fue aprobada con mayorías abrumadoras en ambas cámaras. Luego fue vetada. Luego ese veto fue rechazado con las dos terceras partes del Congreso. Luego se superó la judicialización. No hay antecedentes de un consenso tan amplio, tan transversal y tan persistente. Ese consenso no surgió de un capricho: surgió de la evidencia de un sistema al borde del colapso y de la urgencia de protegerlo.

Por eso es imprescindible que la sociedad esté informada. Que entienda que detrás de un título atractivo puede esconderse un retroceso histórico. Que comprenda que cuando se toca el Nomenclador, se toca la base misma de la atención, la inclusión y la vida cotidiana de millones de personas. Que sepa que no se trata de un debate técnico, sino de un debate moral.

Y también es legítimo preguntarse por qué se instala este tema ahora, con tanta insistencia, en medio de un contexto donde el propio gobierno enfrenta denuncias y escándalos que ocupan la agenda pública. No es la primera vez que un gobierno, ante dificultades, decide correr el eje del debate hacia un terreno sensible, emocional y complejo. La sospecha de que se esté utilizando la discapacidad como cortina de humo no puede descartarse sin más.

Lo que sí puede afirmarse es que no hay margen para la indiferencia. No se puede permitir que, bajo la excusa de combatir un supuesto fraude, se avance sobre derechos conquistados, sobre estructuras que costaron décadas construir, sobre la dignidad de quienes más necesitan del Estado.

La sociedad tiene la responsabilidad de involucrarse. De exigir información veraz. De defender lo que funciona y mejorar lo que no. De impedir que se avance sin límites sobre un sector históricamente vulnerado.

Porque cuando se juega con la discapacidad, no se discute un presupuesto: se discute un modelo de país. Y ese debate no puede darse en silencio.

Eugenio Lavinia