La situación de los prestadores de transporte para personas con discapacidad se ha vuelto insostenible. A pesar de su rol esencial en la movilidad y autonomía de miles de personas, los aumentos otorgados en los últimos meses han quedado muy por debajo de la inflación acumulada, lo que compromete la continuidad del servicio y afecta directamente a quienes dependen de él para su vida cotidiana.
Desde septiembre de 2024 hasta abril de 2025, los ajustes fueron del 1% en septiembre, 1% en octubre, 0.8% en noviembre, 0.5% en diciembre, y 0% en enero, febrero, marzo y abril, mientras que la inflación acumulada hasta marzo de 2025 alcanzó el 21.34%. Este desfase económico ha generado una crisis en el sector, dificultando el mantenimiento de vehículos, el pago a trabajadores y la prestación de un servicio de calidad.
A pesar de la ausencia del diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, las comisiones de Discapacidad, Salud y Presupuesto lograron avanzar en el dictamen de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Su ausencia generó críticas por parte de legisladores que señalaron la falta de debate presupuestario necesario para la norma. Sin embargo, en menos de una hora se aprobaron cuatro dictámenes, uno de mayoría y tres de minoría, dejando los proyectos listos para ser tratados en una sesión especial.
El dictamen de mayoría no solo responde a la crisis económica del sector, sino que también introduce modificaciones en la legislación vigente para alinearla con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un marco internacional que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para este colectivo.
Por su parte, el proyecto presentado incorpora medidas adicionales para fortalecer el sector, entre ellas:
✅ Fortalecimiento de los prestadores para garantizar la calidad del servicio.
✅ Regularización de deudas acumuladas, evitando el colapso financiero del sistema.
✅ Compensaciones de emergencia para responder a la crisis actual.
✅ Actualización de los valores de las prestaciones, ajustándolos a la realidad económica.
La aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad es fundamental para garantizar condiciones justas para los prestadores y, sobre todo, para asegurar el derecho a la movilidad y la autonomía de las personas con discapacidad. Sin acceso a un transporte adecuado, se vulneran derechos básicos como la educación, la salud y la participación en la vida social y laboral.
Instamos a los legisladores a priorizar la aprobación de esta ley y a toda la sociedad a apoyar este reclamo. La inclusión y la accesibilidad no pueden esperar. Es momento de actuar para proteger el derecho a un transporte digno y accesible.