Buenos Aires, 2 de mayo de 2025
Al Dr. Diego Spagnuolo
Y a las autoridades responsables de la Agencia Nacional de Discapacidad
En relación con su rechazo al proyecto de ley sobre Emergencia en Discapacidad
Las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad han expresado públicamente su rechazo al proyecto de ley sobre Emergencia en
Discapacidad, próximo a tratarse en la Honorable Cámara de Diputados. En su comunicado, sostienen que dicha emergencia sería “supuesta” y no real.
Este posicionamiento revela, lamentablemente, un profundo desconocimiento de la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país.
Negar la existencia de una emergencia es ignorar que muchas personas con discapacidad, que no presentan una incapacidad laboral certificada
pero tampoco acceden a un empleo, hoy ven peligrar el ingreso que reciben a través de una pensión no contributiva. Es minimizar el hecho
de que niñas y niños con distintas discapacidades —muchas de ellas con alto grado de dependencia— enfrentan serias dificultades para acceder a rehabilitación, educación, apoyos, transporte, medicación y demás servicios esenciales.
No parece representar un motivo de preocupación, según su declaración, que muchas personas con discapacidad, que gracias a distintos apoyos han
podido salir del aislamiento y participar en actividades significativas, corran el riesgo de perder esos avances. Tampoco que el acceso al transporte
para concurrir a tratamientos esté comprometido por los bajos aranceles o por la falta de transporte público accesible. Ni que hogares o residencias
para personas sin red familiar estén en riesgo de cierre por desfinanciamiento. Ni que la medicación imprescindible no llegue, con la frecuencia y continuidad necesarias, a quienes dependen de ella para vivir con dignidad.
Son múltiples las situaciones que dan cuenta de una emergencia
concreta, visible y urgente.
En ese contexto, resulta difícil comprender cómo pueden afirmar que esta emergencia es un invento o una construcción interesada. Aseguran que el
proyecto de ley se opone a la inclusión plena de las personas con discapacidad, sin aportar fundamentos técnicos ni jurídicos que sustenten dicha afirmación.
De sus palabras se desprende una visión preocupante: pareciera que entienden por «vida independiente» dejar a las personas a su suerte, sin las herramientas mínimas necesarias para ejercer sus derechos y sostener su autonomía.
Les recordamos que las personas con discapacidad son sujetos de derecho. Acceder a una pensión no contributiva es un derecho que les permite cubrir gastos vinculados a su condición y acceder a un sistema de apoyos y prestaciones que, de otro modo, les estarían vedados. Si bien el empleo es un objetivo deseable, no puede ignorarse que muchas personas están hoy lejos de alcanzarlo, y en el caso de los niños y niñas, directamente fuera del marco legal.
Las prestaciones actuales, aunque perfectibles, representan un pilar importante para garantizar inclusión. Lo que sí va en contra de la
inclusión es impedir el acceso a estas prestaciones, desfinanciar los servicios, cerrar centros, suspender apoyos o limitar la cobertura mediante criterios restrictivos.
Desde el inicio de su gestión, múltiples organizaciones han solicitado acciones concretas para revertir la indignante situación de trabajadores de talleres protegidos, quienes desde febrero de 2023 perciben $28.000 mensuales. Sin embargo, no se ha avanzado en propuestas que dignifiquen su tarea.
Critican que el proyecto no explica cómo se financiarán las medidas, y lo califican de irresponsable. Pero cabe recordar que ustedes, como funcionarios públicos, son quienes deben encontrar los caminos para implementar políticas públicas que respondan a las leyes nacionales y tratados internacionales vigentes.
Ustedes, funcionarios, reconocen que se flexibilizaron los criterios para la entrega de pensiones, olvidan que el cupo de 80.000 pensiones por incapacidad laboral establecido en 2003 no respondía a la realidad que se buscaba cubrir. En Argentina, muchas personas con discapacidad poseen capacidad laboral, pero enfrentan barreras estructurales que les impiden acceder al empleo formal. Estas personas requieren del apoyo económico de una pensión para subsistir. Si son conscientes de esta situación, nos preguntamos por qué aplican únicamente el criterio de incapacidad laboral para reevaluar las pensiones otorgadas.
Las políticas que hoy critican permitieron que muchos niños, niñas y jóvenes accedieran a apoyos fundamentales para su desarrollo. Afirmar que se sigue el modelo social de la discapacidad, pero aplicar criterios que lo contradicen en la práctica, genera una grave disonancia.
Ustedes, funcionarios públicos, que votaron a favor de un aumento de aranceles trimestral que apenas cubría la inflación mensual, no han convocado nuevas reuniones para tratar incrementos en lo que va del año. Si conocen el atraso histórico en los aranceles, ¿cómo pretenden que el sistema siga funcionando sin una política de aumentos que responda a los costos reales?.
Ustedes, funcionarios, que dicen respetar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hacen uso de ella para ajustar brutalmente sobre los más vulnerables y trasladan la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al ámbito del Ministerio de Salud, retrocediendo 30 años en la valoración social de la discapacidad.
No es cierto que hayan provocado una mejora en los valores de las prestaciones. Ustedes dicen que el aumento fue del 99 % frente a una inflación del 117.8 %, pero dejan de lado el 25 % de inflación de diciembre de 2023, cuando ya eran gobierno. Para cubrir parte de esto, dieron en enero y febrero de 2024 un aumento del 32 %, pero la inflación del mismo período fue del 36.57 %. Si bien la inflación de 2024 fue del 117 %, al no tener en cuenta la inflación de diciembre de 2023, claramente mejoran los números. Pero si se suma ese 25 % a la inflación de 2024, el resultado es 173.3 %. Por lo tanto, no se ha revertido la tendencia heredada, no hubo recuperación.
No se cuestiona la necesidad de auditar. Lo que se exige es que la auditoría sea transparente, basada en criterios adecuados al modelo social de la discapacidad, con comunicación clara y accesible, y en un marco de respeto a las personas.
Ustedes afirman que, eliminando pensiones mal otorgadas, se recuperarán recursos genuinos. ¿Qué sucederá si las pensiones fueron correctamente otorgadas? ¿Qué sucede hoy con las más de 2 millones de personas con discapacidad que viven en la pobreza y con más de 500.000 solicitudes de pensión aún sin resolver?
En reuniones con organizaciones se ha dejado entrever que no habrá recursos para nuevas pensiones ni para la actualización de aranceles. Esta perspectiva, de concretarse, comprometerá seriamente la calidad de vida y los derechos de miles de personas.
Doctor Spagnuolo y demás autoridades de la ANDIS: todos coincidimos en que el objetivo es la inclusión, pero esta no se decreta ni se alcanza por aspiración. Requiere acciones concretas: detección temprana, rehabilitación, educación, acceso a apoyos, transporte accesible, comunicación inclusiva, eliminación de barreras físicas y simbólicas, y políticas sostenidas en el tiempo.
Las personas que hoy enfrentan necesidades urgentes no pueden esperar soluciones a largo plazo ni el “derrame” prometido. Si no se las acompaña en su presente, se hipotecará su futuro.
Un país marcado por la pobreza tiene la obligación de atender a quienes la sufren, especialmente a las personas con discapacidad, para que puedan desarrollarse integralmente y no quedar atrapadas en un ciclo de exclusión. Si no se las asiste hoy de manera temprana, se las deberá atender mañana en situaciones más graves y costosas, salvo que el plan sea, deliberadamente, abandonarlas a su suerte.
Señores funcionarios, las respuestas se necesitan hoy. Si hay mucho para unos pocos, también tiene que haber para aquellos que, sin esa ayuda, no tienen un presente digno, ni mucho menos, un futuro posible.
