La Ley de Emergencia en Discapacidad, una Cuestión de Derechos Humanos y Supervivencia
Por Pablo Bolego, Vicepresidente de FATRADIS y Presidente de ATRAES
El próximo jueves, el Senado de la Nación tendrá en sus manos una responsabilidad histórica: el tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, no es un mero trámite legislativo; es el grito de auxilio de miles de personas con discapacidad y sus familias, que hoy ven sus derechos más básicos seriamente amenazados.
Un Camino de Lucha y Desafíos
El camino hasta aquí no ha sido fácil. Durante años, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y los prestadores de servicios hemos advertido sobre la fragilidad de un sistema que, a pesar de estar amparado por leyes nacionales como la N° 22.431/81 y la N° 24.901/97, ha sido constantemente desfinanciado y desatendido. La falta de actualización de aranceles, los retrasos crónicos en los pagos a los prestadores y la ausencia de una política pública integral han llevado al sector a una situación límite.
La Ley de Emergencia en Discapacidad surge como una respuesta urgente a esta crisis. Su objetivo principal es regularizar los pagos adeudados, actualizar los aranceles de los prestadores y fortalecer el sistema de pensiones no contributivas, entre otros puntos cruciales. Es un intento de poner un freno a la precarización y garantizar la continuidad de las prestaciones que son vitales para la calidad de vida de las personas con discapacidad.
La Amenaza de la Vulneración de Derechos y la Ruptura del Sistema
La preocupación es palpable. A pesar de la media sanción en Diputados, persisten las señales de que el gobierno podría vetar la ley, lo que significaría un golpe devastador para todo el sistema. La vulneración de derechos ya es una realidad cotidiana: falta de prestadores transportistas para cubrir la demanda, terapias interrumpidas, falta de acceso a medicamentos, centros de día al borde del cierre. Todo esto, sumado a la incertidumbre sobre el futuro, genera una angustia inmensa en las familias.
Los datos son contundentes y reflejan la gravedad de la situación. Desde diciembre de 2024, los aranceles que el Estado paga a los prestadores de servicios para personas con discapacidad se encuentran congelados, acumulando un desfase del 73% en relación a la inflación. Esta brecha es insostenible y afecta directamente a miles de personas con discapacidad y sus familias, que dependen de terapias, transporte, educación y atención diaria. ¿Cómo se espera que se sostenga la atención a las personas con discapacidad frente a este desfase?
La posible ruptura del sistema único de prestaciones básicas es el escenario más temido. Este sistema se financia a través de diversas fuentes. Para el caso de las obras sociales sindicales y prepagas, el financiamiento proviene del Fondo Solidario de Redistribución. Por otro lado, PAMI, la obra social más grande de América Latina, también contribuye al financiamiento, contando incluso con un superávit. En tercer lugar, se encuentra el Programa Federal INCLUIR SALUD destinado a personas con discapacidad cuyos tutores no cuentan con empleo formal, y que se nutre de fondos fijados por el gobierno nacional a través de su presupuesto. Finalmente, las obras sociales provinciales, como el Iapos en nuestro caso, un ente autárquico, también deben garantizar el acceso a las personas con discapacidad al sistema único de prestaciones básicas. Si no se garantiza la sostenibilidad de estas fuentes y se permite que la crisis se profundice, corremos el riesgo de desmantelar años de avances y dejar a miles de personas sin la cobertura y el apoyo que necesitan para vivir con dignidad.
Desde nuestra perspectiva, la Ley de Emergencia en Discapacidad no es un gasto, es una inversión en derechos humanos. Es el reconocimiento de que las personas con discapacidad no buscan asistencia pasiva, sino políticas públicas que garanticen su plena inclusión y participación en la sociedad. Hacemos un llamado urgente a los senadores y senadoras a que actúen con responsabilidad y humanidad, y aprueben esta ley que es fundamental para el presente y el futuro de la discapacidad en Argentina.