Reflexión sobre el tratamiento del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad

El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no es solo una decisión política: es un espejo que refleja cuánto estamos dispuestos, como sociedad, a comprometernos con los problemas de todos. Porque cuando se desatiende a quienes más lo necesitan, no se está gobernando para todos, sino para unos pocos.

Las personas con discapacidad no pueden seguir siendo las últimas en la fila de prioridades. El sistema de prestaciones básicas —que garantiza traslados, apoyos, terapias y acompañamientos— no es un lujo, es un derecho. Y ese derecho no puede ser desfinanciado, precarizado ni dejado a la deriva. Subir la vara, mejorar las prestaciones, profesionalizar los servicios: eso debería ser el norte. No el recorte.

En este contexto, la lucha de los transportistas merece un párrafo aparte. Son quienes, desde hace años y bajo distintos gobiernos, han sostenido con esfuerzo y vocación un servicio esencial. Han pedido herramientas, unidades adecuadas, capacitaciones, reconocimiento profesional. Pero la respuesta ha sido siempre la misma: silencio, indiferencia, y una carga que recae en la voluntad individual. No hay política pública que los respalde, ni planificación que los incluya. Y sin ellos, miles de personas no llegan a sus tratamientos, a sus escuelas, a sus espacios de inclusión.

Una sociedad verdaderamente justa no se mide por cómo trata a los más poderosos, sino por cómo cuida a los más vulnerables. El veto a esta ley es una oportunidad perdida. Pero también puede ser el punto de partida para exigir que se gobierne con empatía, con visión, y con compromiso real. Porque los derechos no se vetan. Se garantizan.

Eugenio Lavinia – Prensa FATRADIS